Un anestesista español fue condenado a 1933 años de prisión por contagiar la hepatitis C a 275 pacientes en cuatro hospitales de la ciudad española de Valencia entre 1988 y 1997.
El anestesista era adicto a la morfina, y cuando debía suministrar esa droga a sus pacientes primero se inyectaba él mismo parte de la dosis. Luego, con la misma jeringa, trataba a los enfermos (que desgraciado).
Fue condenado a esa cantidad de años, además de pagar un millón de euros.n una sentencia hecha pública hoy, un Tribunal de Valencia considera al acusado, el anestesista Juan Maeso, autor de 275 delitos de lesiones y cuatro delitos de homicidio imprudente, aunque recuerda que el máximo tiempo de cumplimiento de condena es de 20 años.
El Ministerio Fiscal aseguró durante el juicio que Maeso dejó un "rastro de virus" que transmitió a los afectados al sedarles con la misma aguja que utilizaba para inyectarse sustancias opiáceas.
El abogado del anestesista, Francisco Davó, anunció que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo, aunque rehusó pronunciarse sobre la misma antes de poder analizarla.
El dictamen llega después de que se produjeran las primeras transmisiones del virus, registradas en 1988.
El conocido popularmente como "caso Maeso" se destapó en marzo de 1998, al conocerse que un grupo de personas intervenidas quirúrgicamente en diferentes hospitales de Valencia tenía el virus de la hepatitis C.
Las investigaciones de las autoridades autonómicas encontraron un nexo entre los afectados: el doctor Juan Maeso, el anestesista que los atendió durante su intervención.
La complejidad de las pruebas -análisis genéticos y epidemiológicos, entre las más simples-, la demora de los diferentes pasos del proceso -debido en parte al gran número de partes personadas-, y los continuos recursos a las diferentes resoluciones judiciales prolongaron la instrucción durante más de siete años, en los que se formó un sumario de 22.000 folios divididos en 37 tomos.
Finalmente, la vista oral contra el anestesista comenzó el 12 de septiembre de 2005 y finalizó el pasado 26 de febrero, tras la declaración de más de 600 testigos, entre afectados, médicos, directivos de los hospitales en los que se detectó el contagio, así como diferentes cargos políticos de la Consejería de Sanidad.
Por su parte, la defensa denunció que "únicamente" se investigaron los casos relacionados con el acusado y consideró que el informe genético realizado por los peritos era "tan parcial" que no debió ser tenido en cuenta, por lo que pidió su absolución.
el condenado a su izquierda (el de lentes )
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